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Alegaciones: Incorrección del cálculo realizado, remitiéndose al efecto a lo recogido en sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha por la que se confirma otra del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cuenca. DESESTIMACIÓN: este Tribunal ha de atenerse, a la hora de resolver las cuestiones que se le plantean, a lo que en las disposiciones legales vigentes se prevé o a los criterios interpretativos que de la Jurisprudencia emanan y ni unas ni otras avalan las tesis expuestas en las sentencias que se citan, las cuales, por otro lado, no constituyen jurisprudencia. Las liquidaciones impugnadas resultan acordes a la normativa que regula la materia, normativa que, hasta tanto no sea derogada o modificada, es de obligado cumplimiento y que viene recogida en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL, y desarrollada a nivel municipal por la correspondiente Ordenanza Fiscal. En línea con lo anterior se cita la Consulta 2013-00604 de 23 de enero de 2013, de la Dirección General de Tributos, conforme a la cual “en la regulación vigente no se encuentra previsión de que la base imponible sea el incremento real del valor de los terrenos, sino que es el incremento que resulte de lo establecido en el propio precepto legal”.

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Tasa Entrada de Vehículos. Desestimación. No es necesaria la notificación individual de la deuda recurrida a cada contribuyente. Procede la notificación mediante edictos. Publicándose en el BOP el Anuncio de Cobranza conforme lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación. De la documentación derivada del expediente, se desprende que existían instalaciones que permiten elaprovechamiento  en el momento del devengo de la tasa. Se aplica la Tarifa II relativa a las actividades comerciales o de industria. El Jurado carece de título que le habilite para examinar la eventual ilegalidad de las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos municipales.

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DILIGENCIA DE EMBARGO: Titularidad del vehículo embargado. DESESTIMACIÓN. Las alegaciones que formula la reclamante no constituyen, formalmente, motivo de oposición a la diligencia de embargo de los previstos en el artículo 170.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, por lo que no pueden prosperar. No obstante lo anterior, puede el que se considere propietario del vehículo embargado presentar tercería de dominio ante el Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento General de Recaudación.

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APREMIO PLUSVALÍA. Alega el reclamante que no se ha producido el hecho imponible del tributo en tanto el inmueble no fue transmitido, sino que perdió su propiedad en pública subasta. Se desestiman las alegaciones entendiendoque la liquidación que resultó apremiada por impago fue acordada a consecuencia de la compraventa del referido inmueble, que tuvo lugar mediante ejecución extrajudicial de hipoteca y fue elevada a pública mediante escritura otorgada por Notario ,inmueble que tiene la consideración de local comercial y que, en consecuencia, no reúne los requisitos para que la transmisión efectuada pudiera considerarse exenta de conformidad con el citado artículo 105.1, c) de la Ley de Haciendas Locales.

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IIVTNU(PLUSALÍA). Manifiesta la reclamante su disconformidad con la liquidación impugnada por entender que el cálculo de la base imponible realizado en la misma es incorrecto, alegando al efecto que, en el caso del tributo en cuestión, el Ayuntamiento de Málaga, en su programa de autoliquidación, parte del valor catastral en la fecha de la transmisión y aplica unos porcentajes de incremento sobre dicho valor en función del número de años de tenencia del inmueble, “ con lo que resulta evidente que no se está calculando el incremento de valor experimentado por el terreno desde su adquisición, sino una plusvalía futura que no es real” , opinando la reclamante que no debería partirse del valor final, el de transmisión, sino que habría que obtener la base imponible partiendo del valor correspondiente al año en que tuvo lugar dicha transmisión.   En la regulación vigente , el incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del terreno, que es el valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de unos porcentajes determinados en función del período durante el cual se ha generado dicho incremento. Se trata, por tanto, de un incremento de valor determinado objetivamente, sin atender a las circunstancias concretas de cada terreno. Así, no hay una comparación entre unos valores iniciales y finales, o entre un valor de adquisición y otro de enajenación. De acuerdo con lo dispuesto en la norma, para la determinación del incremento de valor del terreno únicamente deben tenerse en cuenta dos factores: en primer lugar, el valor del terreno en el momento del devengo; y en segundo lugar, el porcentaje que corresponda aplicar en cada caso.